El Gobierno comenzó a definir la delegación que defenderá al país ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo (Alemania), donde la semana que viene, y en paralelo a la presencia histórica del papa León XIV en la Argentina, se celebrarán las primeras audiencias orales por el reclamo ante el Reino Unido por la explotación petrolera en aguas circundantes a Islas Malvinas.
Ante la consulta de Infobae, desde la Cancillería indicaron que "por cuestiones de estrategia y confidencialidad" se no darán conocer los detalles de la comitiva por el momento, aunque confirmaron que integrará, además, a funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, y la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio.
Lo que sí está formalmente establecido es la representación procesal. En el escrito presentado el 13 de octubre ante el organismo figuran el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, como agente del Estado, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, actualmente al frente de la misión argentina en Alemania, como coagente.
Oyarzábal es uno de los juristas internacionales más experimentados del Servicio Exterior argentino. Abogado por la Universidad Nacional de La Plata y máster en Derecho por la Universidad de Harvard, integra desde 2023 la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, donde cumple mandato hasta 2027. Es, además, miembro asociado del Institut de Droit International y fue agente y asesor jurídico del país en casos previos ante la Corte Internacional de Justicia y el propio Tribunal del Mar.
En una entrevista publicada por la Universidad de Buenos Aires en 2025, Oyarzábal sintetizó su visión sobre el valor estratégico del derecho internacional para un país como la Argentina: "El respeto del derecho internacional es nuestra mejor defensa y nuestra mayor fortaleza. El derecho internacional es la principal ?cuando no la única? garantía de nuestra seguridad y de nuestra independencia, de nuestra soberanía, de integración al mundo y de progreso social."
Fue también Oyarzábal quien lideró la elaboración del escrito con el que el Gobierno inició el procedimiento arbitral contra el Reino Unido el 28 de septiembre, en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El 13 de octubre firmó en Hamburgo, en su carácter de agente de la Argentina, el pedido formal de medidas provisionales ante el TIDM, una vez que Londres rechazó los planteos argentinos.
La designación de Pasquali de Fonseca como coagente tiene una lógica geográfica e institucional clara. La embajadora se desempeña desde agosto de 2025 en Berlín, ciudad desde donde coordina los vínculos bilaterales con Alemania y donde fijó su dirección de notificaciones en el marco de la causa ante el TIDM, con sede en Hamburgo, a menos de 300 kilómetros de distancia.
Pasquali de Fonseca es la primera mujer en representar a la Argentina ante Alemania. Egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) con medalla de oro y el Premio Elena Holmberg a la excelencia diplomática, y realizó estudios de posgrado en derecho penal económico en la Universidad de Freiburg. A lo largo de su carrera ocupó destinos en Canadá, Austria, El Salvador y Noruega, además de cargos en Cancillería como directora nacional de Ceremonial y directora de Europa.
La delegación argentina defenderá el reclamo en una semana políticamente cargada para el Gobierno: las primeras audiencias, fijadas para el 10 y 11 de noviembre, coinciden con los últimos dos días de la visita de León XIV a la Argentina. Es por ello que la delegación estará integrada por cuadros técnicos, y no por funcionarios de primera línea.
El reclamo presentado ante el Tribunal Internacional del Mar busca obtener medidas provisionales de urgencia mientras continúa el proceso arbitral. Los cuatro pedidos centrales son: impedir que el Reino Unido autorice o permita el avance del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte; restringir el uso de información obtenida durante la etapa de exploración en perjuicio de los derechos argentinos; exigir la protección del medio marino; y prohibir el otorgamiento de nuevas licencias mientras dure la controversia.
Sea Lion es un proyecto hidrocarburífero impulsado por la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que prevé iniciar perforaciones de desarrollo en 2027 y producción comercial en 2028. La estrategia argentina no solicita al tribunal un pronunciamiento sobre la soberanía de las islas ?cuestión que se tramita por otras vías, en la ONU? sino que concentra el reclamo en los derechos sobre los recursos marítimos y las obligaciones ambientales establecidas por la Convemar.
Según el cronograma fijado por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, el martes 10 de noviembre la delegación argentina expondrá entre las 10 y las 13 (hora de Hamburgo), mientras que la representación británica tomará la palabra por la tarde, entre las 15 y las 18. Al día siguiente, la Argentina tendrá una segunda intervención entre las 10.30 y las 12, y el Reino Unido cerrará el procedimiento entre las 17.30 y las 19.
Ambas jornadas serán públicas y podrán seguirse en directo. La Argentina cuenta además con una representante propia entre los 21 magistrados del TIDM: la jueza Frida María Armas Pfirter, especialista en derecho internacional del mar, elegida vicepresidenta del organismo en octubre pasado. Una resolución sobre las medidas provisionales podría conocerse antes de fin de año, según indicaron fuentes diplomáticas.
El Reino Unido, por su parte, designó al profesor emérito Vaughan Lowe como juez ad hoc, en uso de la facultad que la Convemar otorga a los Estados partes en una controversia para incorporar un magistrado propio al panel cuando ninguno de los jueces permanentes posee su nacionalidad. Lowe, referente del derecho internacional del mar y del derecho de las inversiones, asumirá funciones antes del inicio de las audiencias y participará del proceso de deliberación junto a los 21 jueces permanentes del tribunal.
El Reino Unido llega a las audiencias con una estrategia legal ya en marcha. El canciller Ed Miliband calificó de "inaceptables" los intentos argentinos de interferir en las actividades comerciales en la zona, y el Gobierno británico confirmó que activará antes de fin de año su legislación de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests Act) para blindar jurídicamente a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration de posibles sanciones. Se trata de un recurso que requiere aprobación parlamentaria.
