Escribo estas líneas en mi viaje de regreso de El Salvador. Han sido días muy provechosos para los temas que hoy concentran nuestra atención en Perú.
Perú y El Salvador son países distintos, con normas, leyes y actualidades diferentes, pero comparten una misma visión: con los criminales el orden no se negocia, se impone. La receta puede no ser la misma, pero el ingrediente central sí lo es: decisión y valor para terminar con los delincuentes. En la lucha contra el crimen, no puede haber grises ni tibieza.
Como dije durante el viaje, vamos a garantizar los derechos humanos de todos los peruanos; pero tiene que quedar muy claro que vamos a priorizar los derechos humanos de las personas inocentes, de las personas de bien. A ellos tenemos la responsabilidad de cuidarlos de los delincuentes. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer.
El Salvador ha logrado en pocos años una reducción extraordinaria de la criminalidad, devolviéndole la paz y la libertad a su población. Un cambio de esa magnitud tiene que analizarse y, en todo lo posible, utilizarse para los objetivos de cada país, de cada pueblo, que ansía lo mismo: tranquilidad y seguridad para quienes cumplen las normas y que el poder del Estado se ejerza contra quienes cometen crímenes atacando a la población.
Cada realidad tiene su propia respuesta. El tema de fondo es cómo nosotros podemos también recuperar territorios dominados por organizaciones criminales, cómo vamos a garantizar la capacidad operativa del Estado y cómo le vamos a devolver a los ciudadanos el derecho a vivir sin miedo, a trabajar y producir en paz y libertad. Por eso es importante entender y analizar los instrumentos empleados, los costos, los desafíos institucionales y la sostenibilidad de las medidas en el tiempo.
A diferencia de El Salvador, el territorio peruano es más grande, nuestra población es mayor. La geografía, la extensión de las fronteras y las diversas realidades sociales y culturales plantean desafíos muy distintos para la presencia del Estado y el control territorial. No cabe duda que no existen recetas automáticas y menos aún para asuntos tan complejos. Sin embargo, tenemos que evaluar las medidas que sí funcionaron y adaptarlas a nuestra realidad. Por ejemplo, tenemos que:
Adecuar nuestra legislación. El crimen organizado evoluciona más rápido que nuestras leyes, desarrolla nuevas modalidades delictivas y aprovecha los mecanismos de la economía formal para ocultar sus actividades ilícitas.
Necesitamos un marco legal que responda a estas amenazas y fortalezca la capacidad del Estado para investigar, perseguir a las organizaciones criminales y privarlas de los recursos que sostienen sus operaciones. Debemos entender que esto no es la demanda de un gobierno, o de un partido político; es la demanda de la mayoría de los ciudadanos del Perú que votaron por el orden.
Aislar a las cabezas criminales. Es inconcebible que líderes de organizaciones delictivas sigan comunicándose con el exterior, dirigiendo extorsiones y ordenando crímenes desde las cárceles. Control efectivo, bloqueo de comunicaciones como empezamos a hacerlo hace varias semanas, personal suficiente y separación de los líderes de las organizaciones criminales son reformas importantes y envían el mensaje adecuado. Además, los reos tendrán que trabajar para resarcir a la sociedad. Por eso es clave una infraestructura penitenciaria que permita el aislamiento indispensable para impedir la operación criminal.
Promover la cooperación internacional. El crimen organizado es transnacional. No conoce ni respeta fronteras. Tiene recursos, armamentos y logística que en ocasiones supera a la de los Estados, por lo que no hay manera de enfrentarlo con respuestas exclusivamente nacionales. Es por eso que el Perú es parte del Escudo de las Américas, una alianza hemisférica para responder juntos y con contundencia a la amenaza más grave que viven nuestros países.
Recuperar el orden desde la base. Como comenté durante mi visita, el orden no se reduce a policías y cárceles. Comienza en las escuelas y las familias; con disciplina, autoridad y valores. Sobre ello profundizaré en una próxima columna.
Como Presidenta, he asumido el compromiso de tomar todas las decisiones y medidas necesarias para que vuelva el orden a nuestro país. Hemos avanzado con los mecanismos y las leyes existentes. No nos hemos quedado cruzado de brazos mientras nos otorgaban la facultades. Ahora vamos a ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa de todos los peruanos. Vamos a hacer el uso legítimo de la fuerza: la fuerza de la ley; la fuerza de la Constitución; la fuerza del orden.
Los peruanos merecemos vivir y trabajar sin miedo, y es la obligación del Estado asegurar que así sea. Nuestro país sabe que es posible lograrlo; lo hicimos en el pasado y lo volveremos a hacer.
