Luego del polémico fallo judicial en San Nicolás que absolvió a un dirigente del Sindicato de Camioneros y otros seis imputados, este lunes comenzará en Rosario un juicio clave contra cuatro de los responsables del bloqueo que sufrió la empresa Razzini durante 90 días en 2020 y que dio lugar a una causa judicial que se congeló durante años y que estuvo a punto de prescribir.
La diputada libertaria Verónica Razzini será la primera testigo en las audiencias que se extenderán hasta el jueves, presididas por el tribunal integrado por Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, donde se juzgará a los acusados por el delito de desbaratamiento de empresa (penado con prisión de dos a seis años), que pertenecen al Sindicato de Camioneros de Santa Fe.
A partir del inicio del bloqueo, el 8 de junio de 2020, Razzini, una de las dueñas junto a sus hermanos de la empresa de distribución de materiales de construcción fundada por su abuelo en Rosario hace 60 años, vivió toda una pesadilla: la amenazaban todos los días, la escupían y la insultaban, la intimidaron con armas de fuego, le dijeron que iban a ir a la casa de su padre -con problemas de salud- para provocarle un infarto, se mudó para evitar agresiones, le advirtieron que sabían adónde estaban sus hijos y tuvo que contratar a efectivos de Infantería para resguardar a sus empleados.
El origen del conflicto fue la exigencia de Camioneros de Santa Fe de que 18 de sus 100 empleados se afiliaran al sindicato, aunque la actividad de la empresa no tenía nada que ver con el transporte de cargas y el encuadramiento, según la normativa vigente, les correspondía al Sindicato de Comercio y a la UOCRA.
Los Razzini presentaron una denuncia judicial por el bloqueo y lograron que la Justicia detuviera e imputara a 10 empleados y 3 delegados sindicales que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos, aunque los problemas no terminaron: en julio de 2022, la fachada de la empresa recibió 3 disparos y dejaron en la puerta un mensaje intimidatorio ("Retirá la denuncia porque no abrí (sic) nunca más. Att. Camioneros").
Pese al impulso inicial, la causa por el bloqueo quedó trabada en la Justicia durante años y estaba cerca de prescribir hasta que hace poco, por iniciativa de un nuevo fiscal, Germán Mazzoni, pudo reactivarse y llegar finalmente al juicio oral que comenzará este lunes.
Luego de la protesta de 2020, Razzini creó junto con la abogada Florencia Arietto el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), que presidió y desde donde ayudaron a pymes de todo el país que eran víctimas de las medidas sindicales extorsivas, hasta que la empresaria ganó su banca legislativa por el PRO en diciembre de 2023 y hace un año se pasó a La Libertad Avanza.
Su impulso fue decisivo para que en la Ley Bases se calificaran los bloqueos como grave injuria laboral, algo que permite despedir con causa a quienes participan de esas acciones. Y también fue responsable de que en la Ley de Modernización Laboral se contemplara un artículo que responsabiliza de manera directa a los jefes de los sindicatos como organizadores de los bloqueos.
Ahora, a pocas horas de que comience el juicio por el bloqueo a su empresa, Razzini confesó a Infobae que tener que revivir aquellos hechos será "durísimo", pero remarcó: "Espero obtener justicia. Es lo único que quiero. Que la ley actúe como corresponde porque esto no es para mí. Es para los inversores, para la gente que quiere trabajar y que tiene ganas de sacar adelante sus empresas y seguir apostando al país".
La legisladora consideró que el cronograma de audiencias podría resultar insuficiente por la cantidad de testigos, registros audiovisuales y demás elementos incorporados en la causa. "Hay muchos testigos, mucha prueba aportada. La cantidad de videos que nosotros hemos presentado es impresionante", sostuvo.
Entre los que darán su testimonio del episodio se encuentran la escribana que acreditó el bloqueo en ese momento ("una heroína valiente", según Razzini), empleados de la empresa que resistieron los aprietes sindicales y hasta un cliente que fue increpado por los activistas porque quiso retirar mercadería.
Entre sus malos recuerdos, la ex titular del MEAB menciona cuando se hizo la segunda audiencia oficial en la delegación del Ministerio de Trabajo para tratar de solucionar el conflicto: "Me estaban esperando en la entrada unos 30 o 40 sindicalistas y me arrinconaron, me escupieron, me gritaron cualquier cosa. Eran todos hombres y yo estaba con mi abogada -relató Razzini-. Fue terrible. Entré a la audiencia llorando, con un ataque de nervios, muerta de miedo. Fue todo organizado ahí con la propia gente del Ministerio de Trabajo. Después ya tuve que ir acompañada por un guardaespaldas".
Entre los imputados por desbaratamiento de empresa, el principal acusado es Marcelo Ortiz, cuya situación presenta una incógnita. Según Razzini, su abogado defensor informó que habría fallecido a principios de año, pero que el fiscal solicitó un certificado o un acta de defunción para acreditar su muerte.
Si no se presenta esa documentación, el imputado podría ser considerado ausente del proceso. Para colmo, Ortiz está vinculado a una protesta anterior contra una pyme de logística y transporte en Zavalla, Santa Fe, que sufrió 8 días de bloqueos del Sindicato de Camioneros local luego de que se negaron a pagarle "deudas inventadas", donde incluso los activistas golpearon a sus dueños, Damián Doboletta, su hermano y su padre (de 72 años, a quien tiraron al piso), además de robarle el teléfono celular a su esposa cuando intentaba filmar la agresión.
Más allá del juicio en Rosario, Razzini logró la semana pasada un apoyo decisivo de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, para que vuelva a presentar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de su autoría que tipifica los bloqueos sindicales como delito penal y que perdió estado parlamentario ante la falta de respaldos políticos para su sanción, en 2024.
La iniciativa incorpora en el Código Penal sanciones a los bloqueos directos con penas de 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión y ahora Razzini la reflotará con añadidos para impedir sentencias como la del juez Alejandro López, de San Nicolás, que absolvió al líder de Camioneros en San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y otros 6 imputados en la causa por el bloqueo la pyme Rey Distribución, de San Pedro, al considerar que fue realizado como "legítimo ejercicio de un derecho".
